Las recientes designaciones de funcionarios no idóneos y poco preparados para asumir diferentes cargos públicos solo reducen la eficiencia de la gestión pública.
En el 2019, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que uno de cada tres funcionarios designados en cargos de confianza no cumplía con las exigencias mínimas para sus puestos; además, al cierre del 2021,la CGR identificó a 7.740 funcionarios y servidores públicos, en los tres niveles de gobierno, con presunta responsabilidad en hechos irregulares, los que habrían causado un perjuicio económico al Estado por cerca de S/2.500 millones. En esa línea, Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, asegura que es muy costoso para el país que personas no idóneas dirijan las instituciones públicas.
La meritocracia: Refiere a un sistema de gobierno en el que la asignación de cargos públicos prevalecen las personas que están más capacitadas según sus méritos y no factores externos a su currículum (como la influencia o los contactos).
Ventajas: Garantiza la continuidad de la gestión pública impidiendo cambios de rumbo inesperados, que entorpecen la ejecución de los proyectos a largo plazo. Además de incentivar la mejora constante de los servidores porque valora las capacidades de los profesionales motivándolos a mejorar constantemente.
Objetivo: Es garantizar la igualdad en el acceso a la función pública para elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos, e incentivar el crecimiento personal y profesional de los trabajadores de la administración pública.
La Reforma del Servicio Civil – SERVIR
En nuestro país “La Reforma del Servicio Civil” se inició en junio de 2008 en el marco de las negociaciones del TLC con los USA; el ejecutivo aprobó un paquete de decretos legislativos orientados a mejorar la competitividad del país. Es así que se aprobó el decreto legislativo 1023, que creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como el órgano rector de la gestión de recursos humanos en el estado (sean del Gobierno Nacional, gobiernos regionales o de las municipalidades). Las reglas de SERVIR han impedido que muchas más personas ingresen a laborar en el estado sin tener un perfil adecuado ni los mínimos requeridos (como por ejemplo en el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
Las reformas del sector público ¿pueden elevar la competitividad de nuestro país?
En los últimos años, el sector privado ha mostrado mejoras en eficiencia, como lo refleja el crecimiento significativo de las exportaciones no tradicionales con mayor valor agregado. Sin embargo, hay un amplio margen de competitividad por ganar en el campo de bienes y servicios públicos que solo el estado puede proveer y organizar, como por ejemplo la seguridad, la infraestructura, el cuidado de los recursos, el ambiente y muchos otros campos que requieren de un servicio civil ágil, eficiente y de calidad. Dentro del contexto latinoamericano la calidad del servicio civil en el Perú ha dado muestras significativas de la mejora de su desempeño. En el año 2015 se obtuvo un puntaje de 41 puntos, demostrando un incremento en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil en América Latina y el Caribe, que realiza el BID, posicionando al país, ahora, por encima del promedio de la región.
A pesar de todo quedan cosas por hacer: La reciente invitación a la OCDE requiere elevar nuestra competitividad en un contexto en el que sólo 11 entidades de 2900 se encuentran habilitadas para contratar bajo el régimen SERVIR. En el informe sobre Gobernanza Pública se recomendó que SERVIR sea un ente autónomo e independiente del centro de gobierno. Si bien la reforma se está dando, el avance es demasiado lento, para ello se debería idear un plan agresivo y progresivo a la vez, ya que es evidente que la voluntariedad hacia este sistema no ha funcionado.
Finalmente, los beneficios de esta reforma son incontables, pero quizá el más importante de ellos es asegurar a los ciudadanos que la gestión de los recursos públicos está en manos de aquellos que realmente lo merecen porque se han preparado para servir. El desarrollo económico y social del Perú requiere un Estado de primer nivel, el cual solo será posible atrayendo a los mejores servidores públicos, escogidos principalmente por sus capacidades y vocación de servicio.
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